Proyecto Crinis 2007

Abstract

"El proyecto Crinis*, de Transparency International y el Centro Carter, tiene como objetivo contribuir a los esfuerzos por hacer más transparente el financiamiento de las campañas electorales y también de las actividades de partidos políticos en años no electorales. Crinis parte de la convicción de que la transparencia es la condición fundamental para el control del dinero en la política y para el voto informado. Es además un medio importante para aumentar la confianza de la ciudadanía en la democracia y en la política. Para ello, además de evaluar los sistemas legislativos vigentes, Crinis estudia las prácticas de los principales actores involucrados en el financiamiento de la política. De esta forma ayuda a identificar debilidades en los sistemas y provee orientación para superarlas. En ésta, su primera edición, llevada a cabo durante el año 2006, la metodología Crinis fue aplicada en Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. El consenso en los estudios existentes sobre la materia indica que, en ausencia de regulaciones adecuadas, el dinero en la política: i) representa una amenaza para el principio de igualdad ciudadana al permitir una mayor influencia política a quienes detentan poder económico; ii) puede desequilibrar la competencia entre partidos al favorecer las candidaturas que tienen acceso a mayores recursos y iii) puede incentivar prácticas corruptas entre donantes y representantes electos. Los donantes pueden presionar a los funcionarios y legisladores para recibir un retorno de sus “inversiones” y, estos últimos, pueden extorsionar al sector privado para garantizarse donaciones. Muchos estudios concuerdan en que las leyes por sí solas no alcanzan para revertir este escenario y que, por tanto, los marcos normativos y su cumplimiento deberían poner en marcha un ciclo virtuoso de buenas prácticas. Para ello, se requiere de esfuerzos coordinados y complementarios entre varios actores. El papel de los órganos estatales es decisivo, pues estos supervisan el cumplimiento de la ley. Es imperioso, además, el control social, que comprende a los medios de comunicación, adversarios políticos, organizaciones sociales, académicos y ciudadanos; que denuncian transgresiones, vigilan a los órganos de control estatal para que actúen en forma eficiente y censuran con el voto prácticas inadecuadas. Finalmente, es decisivo el compromiso y la capacidad de los actores políticos con prácticas de financiamiento transparentes."(pg 2)