Inequidad, ciudadanía y pueblos indígenas en Bolivia [Inequality , citizenship and indigenous peoples in Bolivia]

Abstract

"El documento aborda la problemática indígena en Bolivia tanto desde la perspectiva de sus condiciones de exclusión y vulnerabilidad sociales, como respecto del creciente peso político y ciudadano de los pueblos indígenas en el país.

Cerca del 62% de la población de Bolivia se considera indígena, de la cual la mayoría es de origen quechua y aymara. De este total, el 52,2% vive en áreas urbanas y el 47,8% en áreas rurales. El 78% de los hogares indígenas pobres no cuenta con acceso a agua potable y el 72% carece de servicio sanitario, y sus tasas de mortalidad infantil son las más altas de Sudamérica.

La diferenciación étnica de los hogares constituye un factor explicativo de pobreza en Bolivia y los idiomas que conoce o habla el jefe de hogar es el dato que ayuda a identificar dicha condición étnica. En este sentido, para 1995 se observa una desigualdad significativa en la incidencia de pobreza de los jefes de hogar que hablan sólo castellano (37,1%) y los que hablan idiomas nativos (67%). Si se acepta la hipótesis de la relación entre condición étnica (monolingües o bilingües) con antecedentes migratorios pasados o recientes, puede concluirse que estos grupos de hogares tienen menor probabilidad de salir de la pobreza, habida cuenta de su desventaja para lograr una inserción laboral ligada a su vez a los aspectos de discriminación laboral y menor dotación de capital humano. En efecto, a las brechas de ingresos entre indígenas y no indígenas se añaden fuertes brechas en logros educacionales.

La pobreza indígena urbana tiene relación directa con la situación precaria de inserción laboral que acoge preferentemente mano de obra indígena migrante en el sector informal de la economía. Esto redunda en la calidad del empleo y las oportunidades de acceder a fuentes de ingresos; en contraste, la pobreza indígena rural se explica por la falta de infraestructura productiva, de articulación con los determinantes de la productividad agrícola y pecuaria, y de adecuado acceso a mercados de bienes agropecuarios. El 67% de los empleos más vulnerables y precarios, lo ocupan indígenas, y el 28% de los empleos semicalificados son para indígenas. Paralelamente, solo el 4% de trabajadores indígenas ocupan trabajos que requieren mayor calificación.

La construcción de una "ciudadanía indígena" en Bolivia se ha hecho sobre la base de consolidar un fuerte sistema de demandas, las que han estado vinculadas, primero, a la defensa del régimen de tierras de las comunidades y, más tarde, a la reivindicación del reconocimiento de su existencia política. En los últimos años, varios han sido los movimientos sociales protagonizados por pueblos indígenas y originarios, con los que han buscado consolidar un sistema de derechos que no vulnere la estabilidad de las comunidades rurales ni de las familias indígenas que viven en las ciudades. El primero de estos movimientos se ha conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad ocurrido en 1990. El segundo fue el Movimiento de la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida en el año 2000. El tercero fue, y sigue siendo, el Movimiento de las Comunidades Indígenas Aymara del Altiplano en el año 2000 organizado en torno a la CSUTCB. El cuarto se refiere al Movimiento de los Campesinos Cocaleros del Chapare, en defensa de la hoja de coca a partir del año 2001.

El movimiento social indígena en Bolivia ha mostrado en los últimos años una capacidad inusitada de reconstrucción de la acción colectiva, rebasando los márgenes de la institucionalidad. La comprensión del fenómeno gradual de la formación de esa ciudadanía indígena requiere el análisis de las maneras formales e informales de participación". ["The paper addresses indigenous issues in Bolivia from the perspective of their condition exclusion and social vulnerability , as compared to the growing political influence and citizen of indigenous peoples in the country.

About 62 % of the population of Bolivia is considered indigenous, most of which is Quechua and Aymara . Of this total , 52.2 % live in urban areas and 47.8 % in rural areas. 78% of the indigenous poor households do not have access to potable water and 72 % lack health service, and their infant mortality rates are the highest in South America.

Ethnic differentiation of households is a factor explaining poverty in Bolivia and languages ​​you know or speak the householder is the data that helps identify ethnicity. Thus , by 1995 a significant inequality in the incidence of poverty among household heads who only speak Castilian (37.1% ) and those who speak native languages ​​( 67%). If the hypothesis of the relationship between ethnicity ( monolingual or bilingual ) with past or recent migrant background is accepted, it can be concluded that these groups of households are less likely to escape poverty , given his handicap to achieve employment linked turn to issues of employment discrimination and lower human capital endowment . Indeed, income gaps between indigenous and nonindigenous strong gaps in educational attainment are added .

The urban Indian poverty is directly related to the precarious employment situation preferably hosts of migrant Indian labor in the informal sector of the economy. This results in the quality of employment opportunities and access to sources of income , in contrast , the indigenous rural poverty is explained by the lack of productive infrastructure in coordination with the determinants of agricultural and livestock productivity , and adequate access to markets for agricultural goods . 67% of the most vulnerable and precarious jobs occupy indigenous , and 28 % of semi-skilled jobs are for Indians. Similarly, only 4% of indigenous workers occupy jobs requiring higher qualifications .

Building a " native citizen " in Bolivia has been done on the basis of consolidating a strong system of demands , which have been linked , first, to the defense of the system of community lands and , later, to claim the recognition of their political existence . In recent years, several social movements have been featuring indigenous and native peoples , with whom they have sought to consolidate a system of rights that does not infringe the stability of rural communities or indigenous families living in cities. The first of these movements has been known as the March for Territory and Dignity occurred in 1990. The second was the movement of the Coalition for the Defense of Water and Life in 2000 . The third was , and remains , the Movement of the Indigenous Communities Aymara Altiplano in 2000 organized around the CSUTCB . The fourth relates to the movement of the Chapare coca farmers in defense of the coca leaf from 2001.

The indigenous social movement in Bolivia has in recent years shown an unusual capacity for reconstruction of collective action , exceeding the margins of institutions. Understanding the phenomenon of gradual training of indigenous citizenship that requires the analysis of formal and informal ways of participation".]